Crisis diplomática por orden de detención
EE.UU. acusa a gobernador mexicano y desata tensión bilateral; Sheinbaum defiende soberanía y abre investigación interna.
Acusaciones sin pruebas suficientes, según Sheinbaum
El pasado 29 de abril, la fiscalía estadounidense presentó cargos formales contra Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador Enrique Inzunza Cazarez y otros siete exfuncionarios sinaloenses. Todos son señalados como presuntos cómplices de una de las facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente de Los Chapitos, liderados por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Desde el primer momento, la presidenta Sheinbaum salió al paso: «No han presentado pruebas suficientes», advirtió, y ordenó a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación paralela para determinar si procede la extradición. La oposición, sin embargo, no tardó en calificar el hecho como la confirmación de un «narco-Estado» enquistado en las más altas esferas del poder.
Dos narrativas enfrentadas: soberanía vs. impunidad
El caso se ha convertido en un duelo discursivo. Mientras los partidos de oposición acusan a Sheinbaum de querer blindar a los suyos, la mandataria insiste en que se trata de presunción de inocencia y de un principio irrenunciable: la defensa de la soberanía nacional.
«No somos protectorado ni colonia de EE.UU.», ha repetido en varias ocasiones, condenando lo que considera una política injerencista de Washington. En paralelo, ha denunciado la falta de reciprocidad: México ha extraditado a cientos de personas, incluidos capos del narcotráfico, mientras Estados Unidos se niega a entregar a 269 presuntos delincuentes solicitados por el país latinoamericano desde 2018.
Rocha Moya, de rector universitario a señalado por el narco
El gobernador de Sinaloa, de 76 años, fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y tres veces candidato al gobierno estatal, logrando la victoria en 2021 bajo las siglas de Morena. Pero su nombre comenzó a mancharse cuando Ismael «El Mayo» Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, aseguró en una carta que el 25 de julio de 2024 —día en que fue secuestrado por un hijo de El Chapo para ser llevado a EE.UU.— estaba a punto de reunirse con Rocha Moya.
Aunque el gobernador negó el encuentro, la sombra de la sospecha creció hasta estallar con la acusación formal de Washington: Rocha Moya habría protegido a Los Chapitos a cambio de financiamiento para su campaña política. El 2 de mayo, acosado por el escándalo, solicitó licencia. La Unidad de Inteligencia Financiera le congeló las cuentas y la federación le retiró la custodia. Ahora, solo protegido por escoltas estatales, compareció el martes ante la Fiscalía mexicana para negar todo vínculo con el crimen organizado.
Dos entregados, un Senado ausente y una lista de imputados
De los diez políticos acusados, dos ya se entregaron a la justicia estadounidense: los exsecretarios de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y de Finanzas, Enrique Díaz Vega. El senador Enrique Inzunza dejó de asistir al Congreso, aunque asegura que sigue en México, al igual que el alcalde de Culiacán, quien ya pidió licencia.
La lista se completa con otros cinco exfuncionarios: el vicefiscal con licencia Dámaso Castro Zaavedra; los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; y los exsubdirectores policiales José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Milán.
Sheinbaum promete que no habrá impunidad si se comprueban los delitos, pero su discurso de defensa de la soberanía choca con la evidencia de que el gobierno estadounidense ya movió sus fichas. Mientras tanto, el propio Rocha Moya se aferra al discurso presidencial: «El liderazgo honesto y de estadista de nuestra presidenta lucha por el absoluto respeto a nuestra soberanía nacional», declaró tras comparecer.
La crisis coloca a México en una posición frágil frente a un Donald Trump que históricamente ha presionado al país con aranceles, migración y ahora con una acusación de alto voltaje político. El desenlace de este caso definirá no solo el futuro judicial del gobernador sinaloense, sino los límites de la relación bilateral en la era Trump-Sheinbaum.
