México rechaza críticas de la OEA sobre elección judicial
México desestima observaciones de la OEA sobre su proceso judicial y defiende soberanía democrática
Ciudad de México, 7 de junio de 2025.
El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó categóricamente las observaciones emitidas por la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto al reciente proceso de elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, llevado a cabo el pasado 1 de junio.
Mediante una nota diplomática enviada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la administración federal expresó su “firme rechazo” a lo que calificó como injerencias indebidas por parte de la Misión de Observación Electoral de la OEA, misma que estuvo presente en el país durante la jornada electoral y que posteriormente emitió un informe sugiriendo no replicar el modelo mexicano en otras naciones de América Latina.
“La Misión de Observación Electoral de la OEA rebasó el mandato de la misma e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización, en particular el Artículo 3 (e), que señala que todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social”, se lee en el comunicado oficial.
Un modelo cuestionado desde el exterior
La OEA, encabezada por el secretario general Luis Almagro, mostró reservas sobre el proceso electoral mexicano, el primero en la historia del país en el que la ciudadanía eligió directamente a miembros del Poder Judicial. Según el informe de la Misión, el modelo electoral aplicado en México podría poner en riesgo la imparcialidad y profesionalismo del sistema de justicia si se replica en otras naciones sin mecanismos de evaluación técnica.
Más polémica causó la decisión de la OEA de convocar a magistrados de la Suprema Corte para emitir opiniones durante su estancia en el país. Entre los convocados estuvo Norma Piña, presidenta de la Corte y crítica abierta de la reforma judicial impulsada por el oficialismo. Esta acción fue vista por el gobierno mexicano como una intervención política más que como una misión de observación imparcial.
Defensa de un proceso soberano
La nota diplomática subraya que una Misión de Observación “no cuenta con la facultad para imponer criterios sobre cómo los países deben conformar su poder judicial”, señalando que la elección se realizó conforme a las leyes mexicanas y con el respaldo de un mandato constitucional aprobado por el Congreso de la Unión.
El comunicado también subraya que las declaraciones de la OEA carecen de fundamento legal y diplomático, además de ignorar la legitimidad que el voto popular confiere a quienes ahora integrarán parte del nuevo diseño judicial mexicano.
Un nuevo capítulo de tensión con organismos internacionales
Este episodio marca un nuevo capítulo en la relación tensa entre el gobierno mexicano y los organismos internacionales, particularmente aquellos considerados por el oficialismo como parte de un bloque conservador. No es la primera vez que el Ejecutivo federal cuestiona la legitimidad o imparcialidad de misiones internacionales; ya durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se habían manifestado posturas similares frente a reportes de la OEA, la ONU y otras instancias multilaterales.
Contexto político y futuro de la reforma judicial
El respaldo institucional del gobierno de Sheinbaum a la reforma judicial se mantiene firme. A pesar de las críticas, la administración federal considera que el nuevo modelo fortalece la democracia directa, otorga legitimidad popular a los juzgadores y rompe con décadas de lo que llaman una “élite jurídica autorreferencial”.
El proceso de implementación de la reforma continuará con la instalación del nuevo Consejo Judicial Ciudadano, y se prevé que los jueces electos comiencen a ejercer funciones a partir del segundo semestre del año. El debate sobre los alcances de esta transformación —ya sea en foros nacionales o bajo la lupa internacional— está lejos de concluir.
