Escándalo millonario sacude al extremismo opositor venezolano

Un nuevo escándalo sacude al extremismo opositor: más de $322 millones fueron desviados por el interinato de Juan Guaidó, según el economista Francisco Rodríguez

Caracas.— Un nuevo capítulo de controversia se abre en el complejo y prolongado conflicto político venezolano, esta vez con el economista Francisco Rodríguez como voz protagonista. A través de una serie de declaraciones y publicaciones en redes sociales, Rodríguez acusó al llamado «gobierno interino» de Juan Guaidó y a exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015 de desviar más de 322 millones de dólares desde que recibieron el reconocimiento internacional en 2019.

Rodríguez sostiene que estos fondos, originalmente del Estado venezolano y actualmente retenidos en el extranjero, han sido utilizados sin transparencia ni control institucional, alimentando lo que califica como una «estructura paralela opaca». El Gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, ha intensificado las acusaciones al señalar a Rodríguez como presunto «colaborador» en el despojo de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, un caso que se mantiene en el centro de disputas legales y diplomáticas.

Una estructura financiera paralela bajo el ala de Washington

La crisis comenzó en enero de 2019, cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, contando con el respaldo inmediato de Estados Unidos, Canadá y gran parte de Europa y América Latina. Bajo ese reconocimiento, se le otorgó a la oposición el control sobre activos y recursos venezolanos en el extranjero, entre ellos, cuentas bancarias congeladas, oro en el Banco de Inglaterra y la administración de Citgo.

Según los informes divulgados recientemente por el llamado BCV Ad Hoc, creado por el interinato y respaldado por EE.UU., la cifra exacta desviada es de 322.544.350 dólares. Rodríguez, citando este mismo balance, comparó la magnitud del gasto con el presupuesto anual de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se sitúa en torno a los 90 millones de dólares.

«Los recursos públicos fueron administrados sin un marco legal claro, sin auditorías independientes y con escasa rendición de cuentas», escribió Rodríguez en la red social X, dejando abierta una nueva línea de cuestionamientos sobre la legitimidad del accionar de la oposición radical venezolana.

Fondos retenidos: más de $3.500 millones en juego

El balance revelado indica que los fondos bajo control del sector opositor superan los 3.530 millones de dólares. Entre estos destacan:

• Más de $3.400 millones en el Banco de Inglaterra.

• $121 millones en el Deutsche Bank de Alemania.

• $8 millones en otras cuentas no especificadas.

La Reserva Federal de Nueva York también continúa bloqueando fondos pertenecientes al Banco Central de Venezuela, como parte de las sanciones impuestas por EE.UU. desde la era Trump, en un intento por asfixiar económicamente al gobierno de Maduro.

Corrupción, opacidad y un debate sin cierre

Francisco Rodríguez, quien en años anteriores respaldó estrategias opositoras, ha adoptado una postura crítica frente a lo que califica como una “estructura de poder paralela sin legitimidad democrática”. El economista ha advertido que el manejo de estos recursos “podría no solo ser inconstitucional, sino violar normas internacionales de manejo de fondos públicos”.

El diario El Nacional, de línea abiertamente opositora, reseñó que desde 2023 se exige que parte de estos fondos se destinen a la creación de un Fondo de Protección Social, una propuesta surgida en la mesa de diálogo en México entre el chavismo y la oposición. Este fondo estaría administrado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), garantizando una distribución transparente y apolítica de los recursos.

¿Transición fallida?

A cinco años del inicio del “gobierno interino”, muchas de sus estructuras persisten virtualmente. Sin embargo, los escándalos financieros, la ausencia de resultados políticos y la desconexión con las necesidades del país han erosionado su legitimidad. Mientras el extremismo opositor insiste en mantener control sobre parte del patrimonio estatal en el extranjero, crece la presión nacional e internacional para auditar, reintegrar o repensar el destino de esos activos.

El debate sobre el futuro de estos recursos y la legalidad del accionar de la oposición radical resurge en 2025 con más fuerza que nunca, en un contexto donde Venezuela enfrenta desafíos económicos, humanitarios y electorales de gran envergadura.

Una cosa queda clara: la “transición” que prometía ser democrática y transparente hoy está manchada por denuncias de corrupción, opacidad y, sobre todo, la desconfianza de una población que sigue esperando resultados concretos.